El juez afirma tener pruebas contra el subjefe de la trama Gürtel pese a la anulación de las escuchas

Pablo Crespo podrá salir de prisión tras 14 meses si abona una fianza de 1,2 millones

EL PAÍS - Madrid - 22/04/2010

El magistrado Antonio Pedreira permitirá a Pablo Crespo abandonar la prisión si abona una fianza de 1,2 millones de euros, tal y como había solicitado la Fiscalía al considerar que ya no tiene medios para obstaculizar la investigación, según informa Manuel Altozano.

Además, asegura tener indicios racionales de la comisión de delitos cuya pena supera los dos años de prisión que "no sólo perviven en la actualidad, sino que a medida que avanza la instrucción se ven confirmados por nuevos datos, ninguno de ellos procedente de las diligencias derivadas de las comunicaciones cuya nulidad se ha declarado en auto el 25 de marzo de 2010".

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encargado de instruir el caso Gürtel sobre la presunta trama corrupta en torno al Partido Popular, se refiere a las escuchas ordenadas por su antecesor, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a varios implicados encarcelados. El tribunal de Madrid declaró nulas las pruebas derivadas de los pinchazos de conversaciones entre los imputados y sus propios abogados. A partir de ahí, las defensas (a nivel jurídico) y el Partido Popular (a nivel político) han sostenido que todo el proceso se ve comprometido por esta anulación, algo que el juez parece desmentir al menos en parte hoy.

El escrito hecho público hoy condiciona la excarcelación del que fuera lugarteniente del cabecilla de la red, Francisco Correa, al abono de esa caución; además, y siempre y cuando éste se produjera, Crespo debería presentarse en el tribunal los lunes y los viernes. El juez también le impuso una fianza de responsabilidad civil de 85 millones, no para eludir la cárcel sino como garantía ante la posible condena que se le pueda imponer.

La prisión preventiva puede mantenerse un máximo de un año, prorrogable medio más si el delito imputado está castigado con pena igual o inferior a tres años de prisión. Si es superior, el máximo es de cuatro años.

Crespo, ex secretario de Organización del Partido Popular en Galicia, fue detenido junto con Francisco Correa el 6 de febrero de 2009, el día que se destapó el caso de corrupción más extenso de la democracia. Seis días después fue enviado a prisión, y ahí sigue, en la cárcel de Soto del Real. Ahora tiene por primera vez la posibilidad de salir de la cárcel.

Sin embargo, su situación económica es delicada, toda vez que la justicia ha inmovilizado todo su patrimonio conocido tanto en España como en el extranjero. Parece así poco probable que pueda abonar 1,2 millones. Los investigadores calculan que defraudó más de medio millón de euros a Hacienda.

Nuestra Justicia Española

14.0 20 Quin 12-04-2010 20:55:03

Desde luego que vamos a salir a la calle y con la fuerza, la intensidad y el poder que lo hicimos en los tiempos de la transición y dos asuntos pueden ser los desencadenantes de que la España de izquierdas, amante de la democracia, vuelva a hablar claro y alto. Tales desencadenantes son estos: la infamia de que el PP niegue sistemáticamente su tremenda corrupción gurteliana y la nefasta trama de la ultraderecha contra el juez Garzón. Todo tiene un limite y la derecha está cruzando muy peligrosamente la línea roja. Y baste recordar por enésima vez y las veces que haga falta que la causa primigenia de tanto paro y miseria que sufrimos actualmente surge desde que un tal Aznar dio barra libre a los ultraliberales neocon y a la banda de Correa para saquear España. Igual el tal Aznar espera que espera por esto otra medalla...va listo...

Total apoyo y solidaridad con los familiares de las victimas del franquismo, con la Asociaciones por la Memoria Histórica que luchan por restablecer la verdad sobre los crímenes cometidos por el fascismo. Solidaridad y apoyo también con el Juez Baltasar Garzón por su honestidad al velar por los derechos humanos y contra el genocidio del régimen dictatorial franquista.

La Verdad la Justicia y la Reparación es una exigencia democrática, imprescindible, para que en España se reconozca lo ocurrido desde 1936 a 1975, fecha de la muerte del dictador. La Falange que participó activamente en el fusilamiento de miles de personas sin juicio alguno, trata por todos los medios de negar la evidencia. El Estado de derechas cada vez más agresivo quiere tirar más tierra encima de las fosas comunes que aún quedad muchas en las cunetas.

La derecha hace lo que quiere: pervierte tribunales, pudre los poderes de las autonomías, procesa jueces que tratan de investigar con justicia la dictadura... ¿No es hora de que la ciudadanía progresista deje de aguantar afrentas e insultos y nos echemos a la calle? Protestar está bien, pero tal vez deberíamos pasar a mayores, anticiparnos esta vez a su meditada destrucción del Estado democrático...

14.0 20 Quin 12-04-2010 20:55:03

Desde luego que vamos a salir a la calle y con la fuerza, la intensidad y el poder que lo hicimos en los tiempos de la transición y dos asuntos pueden ser los desencadenantes de que la España de izquierdas, amante de la democracia, vuelva a hablar claro y alto. Tales desencadenantes son estos: la infamia de que el PP niegue sistemáticamente su tremenda corrupción gurteliana y la nefasta trama de la ultraderecha contra el juez Garzón. Todo tiene un limite y la derecha está cruzando muy peligrosamente la línea roja. Y baste recordar por enésima vez y las veces que haga falta que la causa primigenia de tanto paro y miseria que sufrimos actualmente surge desde que un tal Aznar dio barra libre a los ultraliberales neocon y a la banda de Correa para saquear España. Igual el tal Aznar espera que espera por esto otra medalla...va listo...

Total apoyo y solidaridad con los familiares de las victimas del franquismo, con la Asociaciones por la Memoria Histórica que luchan por restablecer la verdad sobre los crímenes cometidos por el fascismo. Solidaridad y apoyo también con el Juez Baltasar Garzón por su honestidad al velar por los derechos humanos y contra el genocidio del régimen dictatorial franquista.

La Verdad la Justicia y la Reparación es una exigencia democrática, imprescindible, para que en España se reconozca lo ocurrido desde 1936 a 1975, fecha de la muerte del dictador. La Falange que participó activamente en el fusilamiento de miles de personas sin juicio alguno, trata por todos los medios de negar la evidencia. El Estado de derechas cada vez más agresivo quiere tirar más tierra encima de las fosas comunes que aún quedad muchas en las cunetas.La derecha hace lo que quiere: pervierte tribunales, pudre los poderes de las autonomías, procesa jueces que tratan de investigar con justicia la dictadura... ¿No es hora de que la ciudadanía progresista deje de aguantar afrentas e insultos y nos echemos a la calle? Protestar está bien, pero tal vez deberíamos pasar a mayores, anticiparnos esta vez a su meditada destrucción del Estado democrático...

Jaime se enfada cuando le llaman Jaime

Tras criticar públicamente a los fiscales anticorrupción por citarle como Jaime Matas, el ex president se dio de bruces con el juez, que le hizo leer en pie y ante toda la sala hasta seis documentos del propio Jaume-Jaime en los que se identifica a sí mismo como "Jaime Matas Palou"

Matas nunca se había visto en una igual. Pónganse en situación. Imaginen a un ex president del Govern sentado ante el tribunal. Imaginen más. Verán a Matas, una silla y poco más. Apenas los tres metros de espacio desnudo que le separan del rostro ceñudo del juez Castro. A derecha e izquierda, los fiscales anticorrupción y los abogados del ex ministro del PP. Detrás una sala pequeña repleta de letrados. Todos a la espera. Todos expectantes. Todos cansados tras dos días de interrogatorio trabado, severo, profundo.

Implacable. Rompe el silencio la voz de un juez de tono grave e intención mordiente: "A ver, usted, Jaume o Don Jaume. Venga aquí". Y Jaume o Don Jaume va. Abandona la silla, cabeza gacha y mirada baja para ponerse ante el magistrado del caso Palma Arena. "Lea lo que pone aquí". "Jaime Matas Palou", lee el aludido ex president con los ojos clavados en el papel. "Ahora dígame lo que pone aquí". "Jaime Matas Palou", repite el ex sin levantar cabeza. "Y ahora, aquí. ¿Reconoce este escrito? Es suyo. Lo digo porque no quisiera ser irrespetuoso hacia estas islas y bautizar a nadie con un nombre que no tiene.

Soy muy respetuoso y quiero mucho a esta tierra. Así que, ¿puede decirme qué nombre se pone usted mismo, señor Matas, en este documento?". "Jaime Matas Palou", concede cohibido el propio ex ministro poliimputado. "¿Se autolesiona usted cuando se titula a sí mismo Jaime? Pues lea el nombre que se pone aquí, aquí y aquí". "Jaime Matas, Jaime Matas, Jaime Matas", reza en voz queda el ex president, la cabeza siempre gacha. Y sigue el juez, poco dispuesto a dejar pasar las acusaciones "inoportunas" del ex president contra la Fiscalía por citarle en algunos documentos como Jaime Matas, obviando así su apelativo en catalán. "Mire usted lo que hace este juzgado. Esto es una providencia que hemos enviado a todas las partes.

Lea el nombre que pone". Y Matas, mirada en el suelo, lee: "Jaume Matas Palou". "Lea también aquí. ¿Qué pone". "Jaume Matas". "Y aquí en dos ocasiones, ¿cómo le nombra este juzgado?" "Jaume Matas". "¿Y aquí, aquí y aquí, señor Matas, cómo le llamamos?" "Jaume Matas, Jaume Matas, Jaume Matas", concluye el aludido la letanía. Aún de pie. La mirada siempre baja, herido de orgullo."Yo nunca me he quejado del juez... –apunta casi inaudible–Y soy libre de querer que se use el nombre que yo quiera". ¿Se lo niega alguien?, aprieta el magistrado incansable. "Los fiscales anticorrrupción", persevera Matas, modoso cual escolar cogido en falta, pero acusativo. "Ya, y usted no se falta al respeto a sí mismo cuando se escribe Jaime ", zanja el juez. Cortante. Severo. Implacable. Poco amigo de invenciones e imaginaciones en su sala. Así que dejen de imaginar: lo que se relata ocurrió tal cual se cuenta. Y quienes lo contemplaron nunca habían visto a Matas en una igual.

LOS JUECES SE DEJAN LLEVAR POR LA FALANGE

EFE - Madrid - 10/04/2010 16:15

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recurrido este sábado ante el Tribunal Supremo (TS) el auto del magistrado del Alto Tribunal Luciano Varela que anticipa que le abrirá juicio oral por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo .

El recurso, que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha presentado ante la sala de lo penal del TS, alega que la doctrina expuesta en el último auto de Varela "es contraria a Derecho e impone un serio riesgo para la independencia judicial".

El juez Baltasar Garzón cree que han sido motivaciones ideológicas las que han movido a ciertas organizaciones y "grupúsculos marginales" a ejercer una acción penal contra él y esperaba que el Supremo "valorase estas espurias motivaciones a la hora de no prestar crédito a tal persecución ideológica".

El juez de la Audiencia Nacional califica este auto de "exorbitante" y "de notable extravagancia" y explica que la doctrina expuesta en él es "contraria a Derecho" e impone un serio riesgo para la independencia judicial.

El recurso fue presentado este sábado por la mañana en el juzgado de guardia por el abogado del juez de la Audiencia Nacional, Gonzalo Martínez-Fresneda, ya que, según explica el plazo finalizaba hoy, extremo sobre el que se queja ante la Sala por haber contado únicamente con tres días para recurrir.

Garzón está muy cerca de ser suspendido cautelarmente después de que Varela dictara la semana pasada un auto, en el que le recuerda que un juez depende "sólo, pero siempre, de la ley" y que él ignoró la de Amnistía al investigar el franquismo. En esta resolución Varela transformó en procedimiento abreviado las diligencias abiertas a Garzón y ha dado diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral o pidan el sobreseimiento de la causa.

Varela dice que la actuación del juez puede ser constitutiva del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal, castigado "con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años".

"No perjudicó a nadie"

Garzón recuerda que la independencia judicial impone respetar en cada juez o magistrado la capacidad de decidir de forma "no interferida" la interpretación que ha de dar a cada norma del ordenamiento, según el espíritu de los principios constitucionales. Según explica, "muy lejos de ello, el espíritu del auto tiene más que ver con el intento de imponer a unos subordinados jerárquicos una determinada interpretación normativa (...) que con un Poder Judicial que respete la independencia y libertad de criterio de todos y cada uno de sus miembros". "Un juez en el ejercicio de su potestad no puede ser interferido cuando conforma su criterio jurídico motivadamente, sin que pueda imponérsele el riesgo de que algún día un superior jerárquico pueda valorar su expulsión de la carrera judicial al repudiar la interpretación jurídica con la que haya resuelto un caso particular", añade.

También argumenta que no hay ningún precepto en la Ley de Amnistía que impida investigar ningún hecho delictivo y concluye que el proceso incoado por él "no perjudicó a nadie". Varela en su auto también consideró innecesaria la práctica de más pruebas para esclarecer los hechos —que fueron denunciados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS— y denegó todas las solicitadas por Garzón, lo que éste cree que le genera un "daño irreparable". Lo más probable es que la Sala de lo Penal rechace este recurso, ya que el pasado 25 de marzo ya mostró su respaldo a la instrucción de Varela y decidió que la causa siguiera adelante.

COSPEDAL Y CASCOS COSAS DEL PP

Cospedal avala que Bárcenas siga en el Grupo Popular del Senado

Álvarez Cascos afirma que el 'caso Gürtel' es fruto de una operación contra el PP de jueces, fiscales y policías que ha fabricado pruebas falsas

EL PAÍS - Madrid - 09/04/2010

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que no ve "ningún obstáculo" para que el ya ex tesorero y ex militante de su partido Luis Bárcenas pueda permanecer en el Grupo Popular en el Senado, donde estaría como independiente, pese a ser uno de los principales imputados en el caso Gürtel.

Lo que sí deberá hacer Bárcenas, según ha señalado Cospedal en la Cope, es abandonar el despacho que tiene en la sede nacional del PP algo que ayer no aclaró el presidente del partido, Mariano Rajoy. Bárcenas ha mantenido su oficina en Génova pese a que dimitió temporalmente como tesorero del partido en julio de 2009. Además, el partido abona las costas de su defensa. Según Cospedal, será el nuevo tesorero, José Manuel Romay Beccaría, el que "tomará la decisión más adecuada" en un tema que no es "de absoluta importancia".

Bárcenas presentó ayer su baja temporal como militante y su dimisión como tesorero 48 horas después de que el juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, levantara el secreto sobre la mayor parte de un sumario que evidencia que el aún senador por Cantabria cobró hasta 1,3 millones de euros de la trama corrupta. Sin embargo, tanto Bárcenas como la plana mayor del PP han insistido una y otra vez en su inocencia.

El Gobierno aprobará hoy más de 20 medidas para superar la crisis

Son las medidas que se lograron consensuar con los partidos

En los Pactos de Zurbano

El Consejo de Ministros aprobará hoy más de 20 medidas económicas, algunas de ellas apoyadas por los grupos políticos que participaron en la llamada Comisión Zurbano, que tienen por objeto impulsar la actividad económica y la recuperación del empleo.

En concreto, el Gobierno dará luz verde a un decreto ley que incluirá 24 de las 54 medidas anticrisis que propuso a los grupos políticos el pasado 25 de marzo.

En la norma se hará hincapié en los incentivos fiscales a la rehabilitación, si bien no incluirá el tope máximo de 39.407,20 euros de renta anual que se planteó anteriormente para la nueva deducción y se limita a enunciar que "decrecerá progresivamente para los contribuyentes con rentas más altas".

La deducción será del 10% para contribuyentes de renta inferior a 33.007 euros con un límite del 4.000 euros anuales por vivienda para obras de mejora de la vivienda habitual hasta el 31 de diciembre de 2012, pudiendo deducirse las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes, con el mismo límite anual y con un máximo total de 12.000 euros.

Asimismo, se aprobará la reducción del IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda, fijando el tipo reducido para las obras realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012. En esta misma línea, se ampliará el concepto de rehabilitación estructural a efectos de IVA definiendo las obras análogas y conexas a las estructurales con el objeto de reducir los costes fiscales asociados al proceso de rehabilitación.

También se incluirá la petición de ICV de reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral de inembargabilidad en los supuestos de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, teniendo en cuenta la existencia de familiares a cargo del obligado, si bien no se explicita de qué forma se distribuirán.

Además, se aplicará el tipo superreducido de IVA a los servicios de atención a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema de autonomía y atención a la dependencia mediante plazas concertadas en centros o residencias.

Dentro del paquete de medidas que aprobará hoy el Gobierno está también la concesión directa por parte del ICO de créditos a pequeñas y medianas empresas de hasta 200.000 euros, asumiendo el organismo el 100% del riesgo de la operación.

Exenciones al transporte

Entre las medidas que autorizará este viernes el Gobierno se encuentra también la de eximir a los trabajadores de tributar en el IRPF las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el límite de 1.500 euros anuales.

Además se incluyen otras medidas para pymes, como la flexibilización de los requisitos para recuperar el IVA en el caso de impago de facturas, acortando el plazo de 1 año a 6 meses.

También se revisarán los requisitos de reinversión de los fondos derivados de las titulizaciones FTPYME, permitiendo que se destinen a financiar activo circulante de pymes. Ahora la reinversión debe estar destinada a financiar proyectos de inversión.

Asimismo, se incorporará la petición de CIU de simplificar para las pymes las obligaciones de documentación en operaciones vinculadas. No afectará en ningún caso a las operaciones con paraísos fiscales.

Reforma de los contratos públicos
El decreto ley reformará la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de la Ley de Subvenciones para posibilitar la continuidad de la relación contractual o de las subvenciones con las empresas sometidas a procedimientos de concurso "cuando de ello no resulte lesionado el interés público". También se amplía a 2011 y 2012 la prórroga de la libertad de amortización siempre que se mantenga el empleo.

Por otro lado, se revisará la definición de empresas de servicios energéticos como elemento de dinamización de la rehabilitación del parque existente de edificios con vistas a la reducción del consumo energético y se adoptarán las reformas legales necesarias para asegurar la pronta contratación y realización de un plan de obras de rehabilitación y eficiencia energética en las administraciones públicas, mediante la contratación de este tipo de empresas.

El objetivo será alcanzar un ahorro del 20% del consumo energético en el horizonte 2010-2012 en 2000 edificios públicos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas y entidades locales.

"Son medidas en positivo, que suman esfuerzos, frente a aquellos que se han instalado en la negación por la negación y que plantean la situación económica como una inversión electoral", destacó ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

LAS COSAS DE ESTE HOMBRE

Aznar: "El PP era y debe seguir siendo incompatible con la corrupción" Cree que los socialistas "quieren que seamos todos y iguales y no podemos tolerarlo"
PÚBLICO.ES - 08/04/2010 15:00
El Partido Popular conmemora en Sevilla el vigésimo aniversario del X Congreso Nacional que el PP celebró en la capital hispalense, del que salió el primer Comité ejecutivo del PP presidido por Aznar.
El homenaje se celebra en un partido enfangado por el caso Gürtel, la investigación de la trama de financiación irregular del PP y que ha salpicado a su tesorero.
Con un Mariano Rajoy especialista en refugiarse en el silencio cuando cae un chaparrón, que hoy ha eludido aclarar si el PP seguirá costeando la defensa de Bárcenas tras solicitar su baja temporal del partido, ha tenido que ser el 'líder espiritual' de los conservadores el que levante la voz sobre la corrupción que asedia a su partido: "El PP era y debe seguir siendo incompatible con la corrupción", ha dicho José María Aznar.
Y, ya de paso, ha echado la culpa al PSOE de corromper a su partido: "Los españoles no entenderían que el PP no fuera incompatible con la corrupción, los socialistas quieren que deje de serlo, quieren que seamos todos y iguales y no podemos tolerarlo".
Para añadir: "El PP que surgió del Congreso de Sevilla fue implacable contra la corrupción y creo que nuestro militantes nos exigen que así siendo".

LAS PRESIONES DE AGUIRRE

Aguirre añade presión sobre el ex tesorero
Habla de "responsabilidades políticas" pero no asume ningunaYOLANDA GONZÁLEZ - MADRID - 08/04/2010 00:30

En medio del silencio del líder del PP, quien sí entró en escena, como ya es habitual, fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se mostró partidaria del "apartamento" de "cualquier cargo público" ante la aparición de "alguna duda razonable" sobre la "rectitud" de su conducta. Era un dardo a Luis Bárcenas, al que Rajoy se resiste a pedir explicaciones. Aunque en ningún momento lo citó expresamente ante la junta directiva regional del PP de Madrid, que se reunió ayer.
La líder de los conservadores de Madrid dedicó los tres primeros minutos de su intervención a hablar sobre la corrupción, a la que calificó "sin ningún lugar a dudas" del "peor delito que puede cometer un político". Y que "consiste en utilizar la confianza que depositan en ti los ciudadanos para progreso personal. Así de claro", espetó la presidenta madrileña.
Lo que no entró a valorar son las pruebas de financiación ilegal del PP de Madrid que aparecen en el sumario. Según ha desvelado un informe policial, la formación utilizó la fundación Fundescam para falsificar facturas con las que se corrieron con gastos de las campañas electorales de 2003. Por la mañana sí rechazó la financiación ilegal de su partido: "Niego la mayor", dijo.
"Responsabilidades políticas"
Además, la presidenta volvió a recuperar ayer un discurso de hace meses, cuando se conocieron las relaciones de la trama con la Comunidad de Madrid. "Cualquier cargo público, además de la responsabilidad penal (...) tiene una responsabilidad añadida que es la política", señaló. No obstante, hasta la fecha, cuando se ha demostrado que Madrid ha sido, junto a la Comunitat Valenciana, uno de los principales focos de adjudicaciones a la trama corrupta, ella no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política. Tampoco por haber mantenido hasta el año pasado a Alberto López Viejo en el Gobierno regional. Durante años, el ex consejero de Deportes se había encargado de la organización de los eventos en la Comunidad, para los que contaba con las empresas de Francisco Correa.
Aguirre aseguró que su partido seguirá apartando del cargo a aquellas personas de cuya actuación haya duda.
Mientras, Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid, completó la misma idea de su jefa asegurando que, pese a lo revelado por el sumario, que "no hay ninguna prueba" de que se haya trasladado "un sólo euro" a la financiación del partido. También añadió que no hay ningún imputado que mantenga cargo en la Comunidad, ni en el Grupo Parlamentario, ni en ninguna institución.

LA DEFENSORA DE AZNAR

Sáenz de Santamaría apoya a Aznar porque "defendió el interés público y nunca su interés personal"
Sáenz de Santamaría cree que la investigación sobre el ex presidente será archivada
EUROPA PRESS - Madrid - 30/03/2010 00:19
La portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió esta noche que la investigación abierta al ex presidente del Gobierno José María Aznar por la concesión de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos será finalmente archivada.
"A mí me consta que siempre se ha defendido desde el Gobierno de Aznar el interés público general y nunca el interés personal de su presidente", explicó en declaraciones a TVE.
Además, la portavoz parlamentaria del PP recordó que "ha habido anteriores querellas en el ámbito penal y actuaciones judiciales contencioso-administrativas" sobre este mismo asunto y en todas ellas "los tribunales no han visto ninguna actuación reprochable ni desde un punto de vista penal ni siquiera desde un punto de vista administrativo".
"Me consta que el fiscal del Tribunal de Cuentas y la Abogacía del Estado tampoco ven reproches en ese punto y ahora en el Tribunal Constitucional se decide nombrar ese instructor. Yo respeto los procedimientos pero conociendo como se actuaba en ese Gobierno, mucho me temo que para todo quedará ahí", concluyó.
"La corrupción afecta a todos"
Además, Sáenz de Santamaría, recordó que la corrupción en los partidos políticos afecta a "todos" por igual y es un asunto contra el que todos deben luchar. "Lo que tenemos que hacer es luchar todos frente a esa corrupción y ser mucho más firmes en las normas que nos demos", incidió.
Sáenz de Santamaría se refirió así a la suspensión temporal como afiliado del PP solicitada hoy por el ex presidente del Govern balear Jaume Matas después de que el pasado viernes, la Fiscalía solicitara prisión eludible bajo fianza de 3 millones de euros, si bien el juez no ha adoptado ninguna decisión al respecto.
"Los hechos a día de hoy y con lo que nos tenemos que quedar es que el señor Matas ya no forma parte del PP y no creo que todos los partidos puedan decir lo mismo respecto de gente suya que está imputada, procesada, condena e incluso en ocasiones indultada con la firma del presidente del Gobierno", explicó.
Aplaude a Matas
En la misma línea, la portavoz parlamentaria popular puso en valor el hecho de que el que fuera ministro del Gobierno de José María Aznar haya tomado esta decisión voluntariamente para no perjudicar al partido y poder defenderse a sí mismo. "Hay una decisión promovida por el afectado y hay que ponerlo en justa evidencia", dijo.
En este sentido, recordó que el PP se rige por "las propias normas que" se ha dado y "con arreglo a esos estatutos" trata de reaccionar y reacciona "de forma decidida y justa, aplicando la norma y aplicando la ley frente a la corrupción". "Ojalá quienes desde el PSOE ahora se llevan las manos a la cabeza lo hicieran también en sus propios casos y en sus propios órganos", señaló.
Tras incidir en que "la corrupción es un problema para todos los partidos" y en que "todos" deben luchar frente a ello, Sáenz de Santamaría subrayó que este asuntos "no debería ser un tema de tirarse los trastos a la cabeza". "Lo que tenemos que hacer es luchar todos frente a esa corrupción y ser muycho nmás firmes en las normas que nos demos", destacó.
Por último, la portavoz parlamentaria popular destacó que no se pueden tomar determinadas decisiones "sin tener los suficientes fundamentos de hecho y de derecho".