El ex edil del PP de Urbanismo en Palma, condenado a dos años de cárcel por malversación

El conservador Javier Rodrigo Santos, condenado por un delito de malversación de fondos públicos en clubes de alterne y masajes

El ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma de Mallorca Javier Rodrigo Santos ha sido condenado a dos años de prisión y a cuatro de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de fondos públicos en clubes de alterne y casas de masajes.

Así consta en la sentencia emitida este jueves por el magistrado Carlos Izquierdo, presidente del tribunal del jurado que la pasada semana juzgó al ex concejal, en la que se tienen en cuenta las atenuantes de reparación del daño y de drogadicción, al considerar probado que reintegró a las arcas municipales más de 50.000 euros desviados y que en el momento de los hechos el ex edil era adicto a la cocaína.
El jurado consideró la semana pasada que De Santos es culpable de haber usado fondos públicos del Ayuntamiento de Palma para su propio beneficio mediante múltiples operaciones con la tarjeta de crédito del Consistorio, cada una de ellas inferior a los 4.000 euros.

Clubes de alterne gay
De esta forma daba como buenos los gastos que se hicieron en los clubes de alterne gay Casa Alfredo, Prometeo y una casa de masajes de Madrid y dicta que el ex concejal no tenía intención de devolverlos. El gasto total asciende a más de 52.500 euros.

La defensa, por su parte, solicitaba una pena menor de cuatro meses y medio de prisión y un año y medio de inhabilitación.

Javier Rodrigo de Santos, durante el juicio, no negó los pagos de que le acusaba la Fiscalía, pero los atribuyó a su adicción a las drogas. Valiéndose del derecho a la última palabra en el juicio, se dirigió el miércoles al jurado "como drogadicto y no como culpable", aunque admitía serlo.

Con semblante desencajado, Rodrigo de Santos dijo haber "vivido engañado" debido a su dependencia de la cocaína, ya que "tenía un perjuicio y pensaba que lo podía dejar". Asimismo, manifestó que su "voluntad" nunca fue la de apropiarse de dinero público.

El presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, ha insinuado que el presidente de honor del PP, Manuel Fraga, se debería "retirar", y ha tachado de "frivolidad" las declaraciones en las que éste criticaba la actuación del president de la Generalitat, Francisco Camps, en el caso Gürtel y elogiaba a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
"En este partido uno se tiene que retirar cuando se tiene que retirar de la organización", ha respondido Fabra cuando los periodistas le han preguntado esta tarde en una rueda de prensa por las declaraciones de Fraga.
"Yo respeto muchísimo al presidente Fraga, creo que ha sido posiblemente el hombre que más ha hecho por unir el centro derecha en España, pero, desde la distancia, hacer este tipo de afirmaciones me parece una frivolidad", le ha recriminado.
"Desde luego, yo pondría la mano en el fuego por Rita Barberá, que es la mejor alcaldesa de España, y por Francisco Camps, que, perdón, está respaldado por muchísimos más votos que ningún presidente de ninguna comunidad autónoma del PP en España", ha añadido.
Agradecido a Rajoy
Lo que sí que le gustó a Fabra fue el discurso de Rajoy. El presidente del PP en la provincia de Castellón asegura haber llamado "personalmente" al presidente nacional de su partido para "darle las gracias por su apoyo y su respaldo" al presidente de la Generalitat , Francisco Camps.También le ha agradecido, según ha dicho, "lo bien que ha estado" con el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa.Fabra ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por los periodistas durante una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Diputación de Castellón, organismo que él preside, y en la que ha dicho que Camps está "muy fuerte" y "apoyadísimo" por Rajoy.El presidente de la Diputación ha manifestado además que el Comité Ejecutivo Regional aprobó "por aclamación" la propuesta de la sustitución de Ricardo Costa como secretario general, y ha precisado que "no hubo ni votación".

Salgado insinúa que el PP dejaría sin prestaciones a los parados si gobernara

"¿Dejarían sin prestaciones sociales a los desempleados? ¡Díganlo de una vez!"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha insinuado que el Partido Popular dejaría sin prestaciones a los desempleados si tuviera que gobernar con una tasa de paro como la actual (17,9%).

"Estamos esperando que digan que harían ustedes si estuvieran en un momento de tanto de paro. ¿Dejarían sin prestaciones sociales a los desempleados? Díganlo de una vez", espetó Salgado a la diputada popular Ana Mato en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Salgado ha contrapuesto de esta manera lo que considera que es la política del PP respecto a la del Gobierno. "El Gobierno socialista es un Ejecutivo social que se ocupa de los más débiles", ha asegurado.

En este sentido, recordó que fue el Gobierno socialista el que aumentó las pensiones mínimas, el que puso en marcha la ley de Dependencia, el que incrementó de "manera significativa" el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el que no deja abandonada a suerte a las personas que más sufren las consecuencias de la crisis al poner en marcha una nueva prestación para los desempleados sin ingresos.

"Todo eso lo ha hecho el Gobierno", aseguró Salgado, quien explicó a la diputada del PP que, para desarrollar esa política, ha sido necesario pedir al conjunto de los ciudadanos, "que parece que son más solidarios" que lo que es el PP, un esfuerzo "moderado" para poder destinar el 51,6% del Presupuesto al gasto social.

"Cuando los Presupuestos dedican el 51,6% a gasto social creo que se pueden llamar Presupuestos sociales", añadió la vicepresidenta económica, quien defendió una propuesta que consideró "redistributiva y social".

Por su parte, Mato aseguró que los Presupuestos de 2010 son los Presupuestos "del paro" y los "más antisociales" de la historia de la democracia, ya que el incremento del gasto social responde "únicamente" al "aumento brutal del desempleo. "¿Cómo se puede presumir de su mayor fracaso?", preguntó la diputada del PP, que acusó al Gobierno de "sentirse orgulloso" de convivir con la actual tasa de paro.

En respuesta a otra pregunta formulada por el diputado de ICV Joan Herrera sobre la subida fiscal, Salgado explicó que la propuesta del Gobierno no es sólo impositiva, sino que cuenta con toda una política de ingresos y gastos dentro de la que el Ejecutivo ha propuesto un incremento "moderado" de los impuestos para poder llevar a cabo una política redistributiva en el gasto "de gran alcance".

"La redistribución se opera más por los gastos que por los ingresos en un estado moderno", subrayó Salgado, quien recordó además que el incremento del tipo de las rentas de capital afectará a 12,5 millones de contribuyentes, de los que 11,7 millones pagarán seis euros más de media al año, lo que supone un "esfuerzo moderado" de unos 50 céntimos al mes.

De la misma forma, la propuesta hará que 80.000 contribuyentes paguen unos 6.300 euros año y cerca de 10.500 personas pagarán unos 30.000 euros. "Las cifras hablan por sí solas", señaló la ministra, quien destacó una vez más que el incremento del tipo de las rentas de capital ofrece una mayor concentración en las rentas altas, que son las principales destinatarias de la política redistributuva del Gobierno.

Asimismo, recordó que el IVA nacional es el segundo más bajo de toda la UE y que España es el país que tiene más productos gravados a los tipos hiperreducido y reducido. De la misma forma, recordó que el IVA general sube dos puntos, pero que el reducido sube sólo uno y que el hiperreducido se mantiene invariable, lo que supone cierta "modulación" para tener en cuenta los productos que más se consumen en España.

Se escucharan las propuestas

Consideró que el grupo ICV ha ofrecido muchas propuestas al Gobierno, que el grupo parlamentario estudiará "con mucha atención", aunque consideró que ningún grupo puede negar que los Presupuestos son "claramente sociales y redistributivos".

Por su parte el diputado de ICV Joan Herrera consideró que la propuesta fiscal del Gobierno "no sirve para la economía", ya que no es ni redistributiva ni equitativa, aunque el Gobierno continúe "en sus trece". "No se si van a necesitar nuestros votos, pero si una buena explicación porque hoy la gente de izquierdas no entiende su propuesta", aseguró.

Así, pidió al Gobierno que haga que los ricos paguen más impuestos, que presenten una propuesta "razonable" de IVA, que paguen más los que más contaminan a través de una fiscalidad más verde y que eleve la tributación de las Sicav porque "no es asumible que no se atrevan" a hacerlo.

Camps se burla de las órdenes del PP nacional
Respalda la "gestión y honestidad" de Ricardo Costa, no le pide su "cese" y se niega a destituirlo como portavoz parlamentario

Ricardo Costa dijo ayer que la fiesta del PP no se acaba nunca. Y estaba en lo cierto. Pero más que una celebración, lo que ayer se vivió en las filas conservadoras fue toda una ceremonia de confusión que deja en muy mal lugar a Mariano Rajoy.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, había prometido el pasado viernes reunir a su Comité Ejecutivo Regional para proponer la destitución del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por su implicación en el caso Gürtel. Pero del encuentro, celebrado ayer, salió una auténtica rebelión frente a las órdenes de Madrid. Camps se olvidó de exigir el "cese temporal" y acordó que Costa "se abstendrá voluntariamente del ejercicio de sus funciones", siempre que la dirección nacional decida abrir una investigación interna sobre las actividades del secretario general valenciano.

Además, Camps se negó a sustituir a Costa como portavoz en Les Corts. Y, por si fuera poco, se permitió el lujo de emitir a última hora de la noche un comunicado lamentando "el malentendido provocado" por la versión oficial que había ofrecido minutos antes el PP nacional y que daba por supuesto la destitución de Costa en todas sus funciones.

En la reunión, que duró tan solo una hora, Francisco Camps defendió en público a su mano derecha: "Aquí no hay nada y no me cabe ninguna duda de su honradez y honorabilidad". El presidente valenciano mantuvo que algunas instituciones y medios de comunicación querían "quebrar la unidad" de la formación regional y que no se debía permitir. "Lo que tenemos que hacer es no decir nada, no votar nada y estar unidos", sentenció Camps.

Y, efectivamente, no se votó el cese de Costa y lo que se impuso fue el silencio. Salvo Camps y Costa, no intervino ningún otro miembro de la dirección. Había órdenes directas de que fuera así. A la salida, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, mostró su enfado por ello. El dirigente, del sector zaplanista, explicó que él llevaba un discurso preparado pero que no pudo leerlo. "Nos han pedido que no interviniésemos y que aplaudiésemos, unos lo han hecho y otros no. Yo no he aplaudido", indicó.
Ripoll destacó que "cuando se pide unidad, hay que buscarla, no viene del cielo". Y no atinó a decir si el secretario general seguía o no en su cargo. Su confusión era la misma que reinaba ayer dentro del PP. Los dirigentes conservadores asistían con "perplejidad" al desarrollo de los acontecimientos y a las versiones contradictorias con las que les iban bombardeando.

A la mayoría le sorprendía mucho la versión ofrecida por Costa, que compareció en rueda de prensa tras la reunión de la dirección. El secretario general mantuvo tajante que Camps no había pedido su cese. "De hecho no se ha designado ningún sustituto", se jactó. "Si no dicen nada desde la dirección nacional, entiendo que sigo como secretario regional", defendía, al tiempo que aseguraba que hoy ocuparía su escaño en el Parlamento autonómico.

Camps, por su parte, se quitaba de en medio a la salida señalando de forma lacónica que Costa "había cedido sus funciones durante el tiempo que la dirección nacional crea oportuno para saber exactamente qué es lo que puede haber sucedido". Quedaba claro que Camps y Costa habían llegado a una solución pactada.

Pero el PPCV contraatacaba pocos minutos después, manteniéndose en sus trece. Camps defendía que en la reunión del Comité Ejecutivo Regional se había aprobado "por unanimidad" el respaldo a "la gestión" de Costa y su "propuesta" de solicitar a la cúpula nacional que si tiene "la más mínima duda sobre su honestidad, se pone a su disposición para que sea de forma interna investigado". Sólo en ese caso y mientras dure la investigación, "Costa se abstendrá voluntariamente del ejercicio de sus funciones", explicaba el PP valenciano.
Y el estoque final: "El PPCV lamenta el malentendido provocado por otros comunicados". Es decir, el difundido por el PP nacional. La única conclusión a la que llegaban ayer dirigentes del PP era que Costa había "plantado cara" a Rajoy y había ganado el pulso. Y que Camps, harto de las injerencias de Madrid, había querido demostrar quién manda en Valencia. Aunque con ello haya desatado la guerra.

Cospedal cuestiona la "ejemplaridad" de Ricardo Costa

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que Ricardo Costa “está suspendido” de sus cargos de secretario general del PP de Valencia y de portavoz del Grupo Popular en las Cortes regionales y cuestionó su “ejemplaridad pública” en relación con las revelaciones del ‘caso Gürtel’. En declaraciones a Telemadrid, Cospedal rechazó cualquier equívoco sobre la decisión del Comité Ejecutivo del PP de Valencia. “Ya no está en el ejercicio político –dijo–, está suspendido en su cargo de secretario general y portavoz del PP en las Cortes valencianas”. Según la número dos del PP, esta decisión fue trasladada a la dirección nacional del partido por el presidente Francisco Camps. “A partir de ahí –añadió– el PP inicia un proceso en el que, en breve, don Ricardo Costa va a tener derecho a ser oído como cualquier militante”.

Ayuda a Domicilio 25 de septiembre de 2008

LA CONCEJALA SOTO TARDA CASI UN AÑO EN GESTIONAR EL DINERO DE LA JUNTA PARA LA LEY DE DEPENDENCIAInés Plaza: “Menos mal que le preocupan nuestros mayores”La concejala socialista Inés Plaza ha explicado hoy que la concejala de Atención Social, Rosario Soto, ha tardado casi un año en gestionar el dinero que la Junta de Andalucía ha entregado al Ayuntamiento para la Ayuda a Domicilio vinculada a la Ley de Dependencia en nuestro municipio. En diciembre del año pasado, el Ayuntamiento recibió 303.285,35 € de la consejería para la Igualdad para emplearlos en el primer semestre de 2008. “Ha transcurrido este semestre, estamos ya en octubre, y es ahora, en la Junta de Gobierno del pasado martes, cuando se ha aprobado la adjudicación del servicio de Ayuda a Domicilio a una empresa”, recuerda la edil socialista.

Plaza señala que tardar 10 meses no parece reflejar la preocupación de Rosario Soto por los mayores. “Menos mal que se preocupa por ellos aunque si de verdad les importara haría algo más que hacerse fotos” - indica. “Tengo que recordar a la concejala que la Ley de Dependencia afecta a todos los ciudadanos que son dependientes, sea cual sea su edad, por razones de enfermedad o incapacidad. Su obligación es gestionar bien el servicio municipal, especialmente cuando dispone del dinero de otras administraciones que hacen más y presumen menos”.

La Consejería ha aportado para 2008 casi 1,5 millones de euros exclusivamente para Ayuda a Domicilio. “Además de esta partida, la consejería ha aportado dinero para trabajadores, auxiliares administrativos y compra de materiales de oficina relacionados con las políticas sociales”,

añade Inés Plaza.

Salgado entrega al Congreso unos presupuestos "adecuados" para combatir la crisis

La ministra de Economía lleva al presidente de la cámara, José Bono, unas cuentas austeras marcadas por la contención del gasto y la subida de impuestos

Madrid. (Europa Press).- La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha asegurado que el Gobierno ha elaborado los presupuestos "adecuados" para el actual momento económico, ya que se centran en combatir los efectos de la crisis en empresas y ciudadanos y sientan las bases de la recuperación.

En una rueda de prensa en el Congreso tras presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2010, Salgado reiteró que estos son "austeros" y que comportan un esfuerzo en contención del gasto "sin precedentes", aunque mantienen y refuerzan la protección social.

Según el Gobierno, se trata de unas cuentas comprometidas con el cambio del modelo productivo para crecer de forma equilibrada, sostenible y para generar empleos de calidad, por lo que prioriza el gasto en los sectores que más pueden contribuir a este cambio, como las infraestructuras, la I+D+1 y la educación.

El gasto se situará en 185.249 millones, mientras que los ingresos serán de 121.627 millones. El ajuste fiscal que propone el Gobierno en los Presupuestos para 2010 supondrá unos ingresos de casi 11.000 millones a través de las subidas impositivas, de los que 6.500 tendrán efecto en caja durante el 2010, lo que permitirá reducir el déficit del Estado al 5,4%.

Entre las subidas impositivas destacan los dos puntos de IVA, hasta el 18%, el punto del IVA reducido, hasta el 8%, la subida de las rentas de capital y la supresión de la deducción de 400 euros en el IRPF.

Salgado entregó esta mañana al Congreso de los Diputados los primeros que ha elaborado como sucesora de Pedro Solbes, repitiendo el formato de un lápiz de memoria de 212 Mb, acompañado de un CD-ROM y el clásico Libro Amarillo de índice-resumen de las cuentas públicas del año que viene.

Este año, las obras en la Carrera de San Jerónimo impidieron la tradicional foto de la vicepresidenta y su equipo económico en la puerta principal del Congreso y tuvo tener lugar dentro de las instalaciones de la Cámara, en el patio de Floridablanca, frente a la puerta del Palacio.

Salgado, el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, posaron para la tradicional foto y se dirigieron al interior de la Cámara Baja, donde fueron recibidos por el presidente, José Bono.

La ministra, Bono y otros altos cargos del Ministerio de Economía y Hacienda, junto al presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, Jesús Posada, acudieron después al Salón de Pasos Perdidos, donde media hora más tarde la ministra de Economía y el presidente del Congreso presentaron formalmente las cuentas.

El grupo socialista en Les Corts pedirá mañana, en el Debate sobre el Estado de la Comunitat, la disolución del Parlamento valenciano, la renuncia del president de la Generalitat a su cargo y la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas, a la que además no podrían concurrir como candidatos los cargos públicos supuestamente relacionados con el caso "Gürtel".

Así lo ha anunciado esta tarde el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, tras la reunión de la comisión ejecutiva del partido en una rueda de prensa donde ha asegurado que "no hay más salida democrática" que la dimisión de Francisco Camps, así como que sean los ciudadanos valencianos quienes resuelven en las urnas las consecuencias políticas de la supuesta implicación del PPCV y de varios altos cargos del Consell en la trama "Gürtel".

El "segundo gran motivo" que ha llevado al PSPV a plantear estas medidas extremas pasa por la "parálisis absoluta" en que, a su juicio, se halla el Consell a raíz de la investigación judicial y policial de este supuesto caso de financiación irregular del PP y donde Camps es, para Alarte, "el principal responsable".