El socio de Díaz Ferrán deja sus cargos en la CEOE

Fuentes empresariales descartan que el jefe de la patronal abandone su puesto
Gonzalo Pascual, socio de toda la vida del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha dimitido de sus cargos como responsable del Consejo de Turismo y vicepresidente de la organización empresarial.
A mediados de julio, Gonzalo Pascual se reunió con Díaz Ferrán y le comunicó la decisión de abandonar sus cargos en CEOE, "tanto por escrito como de viva voz", según explicó a Público una fuente cercana al presidente de CEOE. En esa conversación, Gonzalo Pascual argumentó que "no le parecía lógico mantener la presidencia del Consejo de Turismo cuando él ya no tenía empresas en el sector".
La estructura de dirección de CEOE implica que quien asume el cargo de presidente del Consejo de Turismo es, a la vez, uno de los vicepresidentes de organización. Por lo tanto, la dimisión de uno de los cargos supone automáticamente la dimisión de los dos.
Asumida esta circunstancia, Díaz Ferrán ha dedicado el resto del verano a mantener contactos con los principales empresarios del sector para buscar un sustituto. "Ya tienen prácticamente decidido el nuevo responsable, que sería uno de los principales empresarios del sector", aseguran las fuentes consultadas. El presidente de CEOE se reunirá durante la primera semana de septiembre con el Consejo de Turismo para hacer oficial esa elección.
Gonzalo Pascual ha sido el compañero inseparable de Gerardo Díaz Ferrán desde 1967, cuando fundaron juntos la empresa de transporte por carretera Trapsa, germen del emporio turístico Marsans. El pasado 10 de junio, tras una dura agonía financiera ambos decidieron vender Marsans a Posibilitum Business, una empresa especializada en liquidar compañías con problemas.
Su vida empresarial siempre ha estado unida, pero este movimiento del principal socio de Díaz Ferrán no implica, según fuentes empresariales, que el actual presidente de CEOE siga los pasos de su socio y abandone la presidencia de la organización.
Durante el último año, han sido muchas las voces, dentro y fuera de la CEOE, que han solicitado su dimisión. Según sus detractores, los problemas financieros que atravesaban sus empresas restaban credibilidad a su representación como líder de los empresarios en plena negociación de la reforma laboral.
Las presiones han descendido, pero todavía pesa sobre él la investigación abierta por la Inspección de Trabajo que constata indicios de delito penal en la gestión de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual al frente de Marsans.

EN LO QUE VA A QUEDAR LAS PENSIONES

Cuatro millones de pensionistas se verán afectados por la congelación de las pensiones propuesta por el Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit del 3% en 2013, una medida que supone “un esfuerzo muy duro” para este colectivo y que no se puede justificar apelando a su solidaridad, máxime cuando se podían haber abordado otras medidas como una mayor tributación de las grandes fortunas refugiadas en las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable que pagan el 1%).
Esta medida de congelar las pensiones contributivas, unida al endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación parcial, va a ralentizar la recuperación económica y, por tanto, el empleo y supone una quiebra en el diálogo social al generar desconfianza. Así lo ha expresado esta mañana la Secretaria Confederal de Política Social de UGT, Carmen López, que ha intervenido en un curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica sobre “El sistema Público de Pensiones en el nuevo contexto económico”.
López ha confirmado que los sindicatos han solicitado al Gobierno una reunión para conocer el alcance de estas medidas y ha afirmado que se deberían haber acometido propuestas orientadas a favorecer los ingresos, no a recortar el gasto. En este sentido, también, ha criticado las propuestas de ampliar la edad legal de jubilación y el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones por ser medidas insolidarias, equivocadas, imprudentes y poco útiles.
La Secretaria de Política Social de UGT ha apelado al Parlamento para frenar estas propuestas y ha recordado que todavía están pendientes de cumplirse los compromisos del Acuerdo de Pensiones de 2006, entre ellos la integración, en el Régimen General, del Régimen Especial Agrario y el de Empleados de Hogar y la rebaja de la edad de jubilación a los trabajadores sometidos a condiciones laborales penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres.

El FMI alerta de que el paro puede quistarse

La crisis provoca 30 millones más de parados en el mundo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha preparado un informe, conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el impacto de la crisis en el mercado laboral en el que alerta del riesgo de que la tasa de desempleo de España se mantenga elevada durante un tiempo prolongado por la debilidad de la economía. El informe coloca en la misma situación (que técnicamente se denomina por el término histéresis) a Estados Unidos, principalmente por el desplome del sector inmobiliario que han sufrido sus economías.
Precisamente, el estudio, difundido ayer, destaca que los mercados laborales de España y EEUU son los que más han sufrido las consecuencias de la crisis, y donde las tasas de paro han subido con más fuerza (junto con Nueva Zelanda y Taiwán). Por el contrario, en Alemania y Noruega, la tasa de paro apenas ha variado.
El FMI y la OIT calculan que desde 2007, punto de arranque de los problemas en el sector financiero e inmobiliario que derivaron en la crisis, el desempleo ha aumentado en el mundo en más de 30 millones de personas. Algo más de la mitad de esa cantidad, unos 15,3 millones, se han generado en las economías más desarrolladas; y dos terceras partes de ellos, en Estados Unidos (7,5 millones) y en España (2,7 millones).
Contratos temporales
El informe destaca otros aspectos negativos del mercado laboral español, como su elevada dualidad entre contratos fijos y contratos temporales, y que en parte explica la intensidad del ajuste del empleo en estos casi tres años. Igualmente, recoge el elevado nivel de desempleo juvenil, del 40%, que duplica la tasa medida de los países industrializados.
El director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, que calificó de "devastación" el fuerte aumento del paro provocado por la crisis, subrayó que la prioridad "fundamental" es el desarrollo de una "estrategia de crecimiento centrada en el empleo".
La OIT estima que en los próximos diez años se necesitará generar más de 440 millones de nuevos puestos de trabajo para absorber a las personas que se incorporen al mercado laboral y para recolocar a las que han quedado sin empleo por la crisis.
Conferencia internacional
El informe del FMI y la OIT es un documento de trabajo de cara a una próxima conferencia internacional para debatir sobre el crecimiento, el empleo y la cohesión social. En la conferencia, que se celebrará en Oslo el próximo día 13, participarán el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, y la presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, entre otros.

UNA NOTICIA DESFASADA

Después de leer las varias noticias sobre la fiscalidad en España, lo peor es que esto no es noticia, ya lo sabemos, desde hace mucho, pero qué se hace? nada de nada. Lo cierto es que si tuviéramos una fiscalidad a la europea la crisis no estaría siendo tan dura, no habría habido tantos recortes sociales...
Es toda una estructura económica ultraderechista y, leyendo el comentario de mabu, viendo lo que pasa con los jueces y la corrupción de la derecha... se me ocurre que sí, que lo dejó todo atado y bien atado, someter a un pueblo a la penuria y a la miseria económica es la manera de mantenerlo callado y atrasado. aderezamos esto con una política religiosa que sea bien integrista, una justicia selectiva... el follón está montado.
Fomentemos el culto a los trozos de tela y el maltrato a los animales y no dejemos que mujeres y homosexuales ejerzan el control sobre su vida y no equiparemos sus derechos. Los empresarios seguirán tratando a los trabajadores como mulas de carga y ellos consintiéndolo porque la presión de quedarse sin medios económicos es demasiado fuerte; esto está ya enfermizamente arraigado, dame pan y dime tonto decimos hasta con prepotencia
Y nadie hace nada, e incluso hay quien cree que con el PP no hubiera habido crisis económica, que el PP es el partido de los trabajadores y que los va a sacar de la crisis...
¡¡ Zapatero, máteles ya la mano bien metía a los que se la tienes que meter de una vez!!

Cuando se pierde por completo el sentido de Estado

18 Ago 2010
La visita que realizó ayer a Melilla el dirigente del PP Esteban González Pons quedará en los anales de la política como un ejemplo de la irresponsabilidad y carencia de sentido de Estado a que puede llegar un partido en su afán por conquistar el poder. En una maniobra que el diputado de IU, Gaspar Llamazares, calificó certeramente de “provocación” y “barbaridad”, el vicesecretario de comunicación de los conservadores acudió a la ciudad autónoma con el objetivo manifiesto de agitar contra Zapatero un incidente fronterizo con Marruecos. Un suceso que forma parte de los roces habituales de una difícil relación de vecindad y que se debe intentar resolver con la mayor serenidad posible pese a las provocaciones de los activistas marroquíes y la falta de cooperación de Rabat.
Sin embargo, lejos de llamar a la tranquilidad y el entendimiento, González Pons se dedicó a echar leña al fuego sin reflexionar sobre las consecuencias que su incontinencia verbal podría acarrear. Habló de “máxima tensión” y de la posibilidad de un “conflicto” con Rabat. Propuso, apelando al nacionalismo español más rancio, la recuperación de la tierra de nadie que media entre Melilla y Marruecos. Acusó al Ejecutivo de “abandonar” a los melillenses y proclamó que, ante semejante vacío de poder, el PP había tenido que acudir en su protección para transmitirles que “España está con ellos”. En esa espiral de dislates se esforzó incluso por revolver a las fuerzas de seguridad contra el Gobierno de su propio país, en una demostración elocuente de patriotismo conservador. Todo vale en el proyecto de Rajoy para llegar a la Moncloa.

TRILLO ATACA A LOS JUECES DEL CASO

Trillo saca su artillería pesada contra el juez Pedreira
El portavoz de Justicia del PP, que llegó a anunciar un "giro copernicano" en el caso Gürtel que nunca se produjo, cuestiona ahora el trabajo del juez instructor
Federico Trillo ha aprovechado una intervención en un curso de la Escuela de Verano del Poder Judicial en Bergondo (A Coruña), donde anunció que el PP propondrá una reforma de la elección del CGPJ, para cargar contra el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El ex ministro de José María Aznar y supernumerario del Opus Dei volvió a ejercer de ariete conservador en materia judicial al criticar la actuación de algunos jueces y, en concreto, la labor de Pedreira en relación al secreto de sumario.
El portavoz del Grupo Parlamentario del PP en la Comisión de Justicia del Congreso le acusó de hacer públicos documentos como las "declaraciones de hacienda de los clientes de la mujer de uno de los imputados", con el consiguiente prejuicio para la empresa, según el ex ministro de Defensa, quien definió al juez como "el benéfico Pedreira, que cada semana innova".
Este ataque al juez instructor del caso Gürtel se produce un mes y medio después de su anuncio del presunto "giro copernicano" que daría el citado caso si se demostrase que Baltasar Garzón infringió la ley al ordenar la intervención de las conversaciones que los imputados presos en el caso Gürtel mantuvieron con sus abogados.
Trillo, coordinador de Justicia del PP, advirtió de las "consecuencias gravísimas" que supondría demostrar que Garzón había intentado quedarse con el caso y ocultado pruebas que exculpaban al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Sus acusaciones veladas, sin embargo, han caído en saco roto y, a día de hoy, sus intentos por anular el proceso, desprestigiar a Pedreira y salvar con ello a Camps no han surtido efecto.

Pocos médicos se niegan a practicar abortos

Los registros de objeción de conciencia no reúnen ni al 1% de sanitarios. Las comunidades del PP se escudan en la falta de profesionales, sin datos que la respalden, para obstaculizar la Ley del Aborto

Qué difícil es aplicar la Ley del Aborto si todos los profesionales de la sanidad pública son objetores de conciencia. Esta es la excusa que esgrimen la mayoría de gobiernos autonómicos del PP, como Murcia, Madrid y Navarra, para reforzar sus argumentos contra la nueva norma, que entró en vigor hace dos semanas.
Las cifras de los pocos registros de objetores que están en marcha y las declaraciones de varios grupos de médicos alegando que ellos sí están dispuestos a practicar abortos han puesto en tela de juicio las declaraciones de quienes ponen trabas a la ley.
A falta de un registro estatal de profesionales que se niegan a interrumpir embarazos no deseados por cuestiones morales y de fe, los registros que ya han puesto en marcha los colegios de médicos de seis provincias Castellón, Málaga, Salamanca, Segovia, Madrid y Jaén no cuentan ni con el 1% de sus colegiados.
En Málaga, por ejemplo, sólo se han inscrito 25 médicos (un 0,37% del total), aunque la mitad de ellos lo ha hecho desde que entró en vigor la nueva ley. En Salamanca, los objetores declarados representan el 0,4% de los médicos de la provincia.
Por su parte, en sus cuatro años de funcionamiento, el registro del colegio de Madrid sólo ha atraído al 0,17% de sus asociados. El consejero de Sanidad de la región, Javier Fernández Lasquetty, no tuvo en cuenta este detalle cuando aseguró la semana pasada que "la práctica totalidad [de los médicos] con excepciones se niega a hacer abortos" en la autonomía.
Tampoco el Gobierno murciano, cuyo presidente lideró el grupo de insumisos a la ley el día de su entrada en vigor, ha tenido reparos en asegurar que si no se practican abortos en los hospitales públicos de Murcia, es porque todos los médicos objetan. No hay ningún registro en la región que demuestre esa aseveración.
Además, un grupo de ginecólogos del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia ha denunciado que ellos no son objetores y que, si no realizan abortos, es por el veto impuesto por la dirección del centro. "Son los jefes de servicio los que dicen: Aquí somos todos objetores", denuncia un ginecólogo del centro, que quiere mantenerse en el anonimato.
Otro de estos profesionales dispuestos a practicar abortos reclama la creación de un registro de objetores de conciencia. "Así el hospital público podría organizar sus recursos y distribuir los turnos con los profesionales que sí estamos dispuestos a hacer abortos", defiende.
Opresión en Navarra
También el Gobierno navarro se escuda en que todos los profesionales objetan para justificar que en la región no se hagan abortos, ni siquiera en clínicas privadas, porque no las hay. Un grupo de ginecólogos de la sanidad pública manifestó hace unos meses su voluntad de practicar abortos en Navarra y denunció la militancia objetora que practica el Ejecutivo autonómico. El Gobierno foral mantiene esta política.
La Ley del Aborto reconoce explícitamente el derecho individual de los profesionales sanitarios que intervienen "directamente en la interrupción voluntaria de un embarazo [ginecólogos, anestesistas y enfermeras] a la objeción de conciencia". Además, insta a la Administración a articular este derecho "en un desarrollo futuro de la ley".
De esta forma, la norma pretende asegurar un derecho que ya estaba garantizado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Es una forma de proteger el derecho de los facultativos, pero también el de las mujeres que quieren abortar, de modo que si no hay suficientes profesionales en la sanidad pública, se concierte el servicio con clínicas privadas.
Desde que el aborto se despenalizó, en 1985, sólo el 2% de las intervenciones se ha realizado en hospitales públicos. Con la nueva norma en vigor, la situación no parece que vaya a cambiar: prácticamente todas las autonomías han renovado o han manifestado que van a reforzar sus conciertos con las clínicas privadas acreditadas para realizar abortos. Si bien el PSOE y los partidos que apoyaron la norma (ERC, IU, BNG y PNV) acordaron crear un registro de objetores, el Gobierno central ha manifestado que no es ahora su prioridad. Castilla-La Mancha y Cantabria ya han anunciado que crearán listados para que los profesionales que no quieran practicar abortos por sus creencias dejen constancia de ello. Esto les ayudará a gestionar sus recursos.
El portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez-Bayle, apunta que en muchas ocasiones los gerentes de los hospitales y los jefes de área deciden no hacer abortos por las dificultades para organizar los recursos, más allá de sus convicciones personales. "Se necesita que el hospital te dé un espacio adecuado, disponer de medios y tener en cuenta que el tiempo que los profesionales le van a dedicar se debe restar a las consultas y a otros servicios", explica.
Difícil organización
"Son muchos los problemas para que la sanidad pública asuma todos los abortos", reconoce la ginecóloga Mercedes Boix. Desde hace un año practica interrupciones de embarazos en el hospital Marqués de Valdecilla de Santander. Cantabria es la autonomía con la menor tasa de abortos de España (6,09 por cada mil mujeres) y a su vez, la que más los practica en la sanidad pública (un 10%).
Un total de 12 ginecólogos de este hospital realizan abortos a diario, la mayoría de embarazos más avanzados, que se deben interrumpir porque el feto tiene malformaciones o peligra la vida de la madre. El resto de casos se derivan a las clínicas privadas. El número de profesionales declarados no objetores es suficiente para que el hospital organice los recursos de forma que siempre haya algún quirófano disponible y los ginecólogos puedan compaginar los abortos con las consultas, explica Boix. "Se necesita militancia", admite.
El jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), Javier Martínez Salmeán, coincide en el esfuerzo que significa para un hospital público realizar abortos. Este centro es uno de los pocos de Madrid donde se practican estas intervenciones. "Fundamentalmente, los hospitales están muy apretados de quirófanos. Las interrupciones del embarazo son una urgencia, no se pueden programar, y eso dificulta el funcionamiento del hospital", explica. Por ello, como sucede en Cantabria, los abortos hasta la semana 14, que son los más sencillos de llevar a cabo, se han derivado a la privada.