En España no cabe un tonto más: ¡Regalamos 25 millones para África!"

La secretaria de Educación de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Asturias critica la ayuda de España a Somalia
La hambruna que azota a Somalia, que previsiblemente se prolongará más de seis meses provocando la muerte de miles de personas, ha sido comentada en Twitter por un miembro de las nuevas generaciones del Partido Popular.
Para Salomé P. Villaverde, secretaria de Educación de Nuevas Generaciones del PP de Asturias, las necesidades de los 3,7 millones de somalíes, casi la mitad de la población del país, no se puede comparar con las necesidades que acucian a los españoles, que, para colmo, dedican 25 millones de euros para mitigar el hambre en el país africano.
"En España no cabe un tonto más: Regalamos 25 millones de euros para África! A nosotros no nos regalan nada para paliar nuestras necesidades!", ha escrito la conservadora este viernes en su cuenta de Twitter.
Estas palabras han provocado la indignación en las redes sociales. En Twitter, varios usuarios han optado por la ironía como forma de combatir el enfado. "Me imagino que su mayor preocupación es que el Moët Chandon tenga la temperatura correcta", escribía un tuitero, mientras otros se sorprendían de que Salomé P. Villaverde esté estudiando una carrera universitaria. Otro añadía: "Es cierto que África no nos regala nada, ya les saqueamos nosotros sin permiso. PD. Tú si que sobras".
Para acallar la polémica, a las 16.00 horas la secretaria de Educación de Nuevas Generaciones del PP de Asturias ha decidido restringir el acceso a su cuenta. No en vano, los tuiteros que comparten su opinión no dejarán de apoyarla. "Muchos ánimos, no decaigas por las críticas. Comparto tus opiniones e ideales y por ello no se debe de tachar a una persona.", escribía uno de ellos.
El pasado miércoles, la ONU lanzó el primer puente aéreo para llevar alimentos terapéuticos a la población de la capital somalí, Mogadiscio.

¿Es legítimo que la Iglesia católica se apropie de bienes comunales no registrados?

Los obispados están poniendo a su nombre miles de templos, casas, parcelas y hasta viñedos; propiedades comunales no registradas. Una reforma legal de 1998 lo facilita, pero ¿es legítimo que se haga? ¿Es aceptable la excusa de que, de no hacerlo, no se garantizaría que siguieran siendo lugares de culto? ¿Habría que considerar que son bienes propios, aunque no estén a nombre de la Iglesia?
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Más allá de este caso concreto lo preocupante es que los bienes comunes hayan perdido su estatus legal y por tanto puedan ser apropiados por otros agentes como la iglesia en este caso, o empresas o el propio estado en otros. El procomún es un complejo sistema de bienes, reglas y comunidades en que se ha basado la autonomía y capacidad de acción de la sociedad civil. Su destrucción legal significaría en cierto modo la desaparición de un modelo de sociedad por otro subsidiario de unos poderes paternalistas. En contraste con esta situación, el procomún se ha revitalizado en los últimos años por el reconocimiento de su papel, casi siempre invisible pero crucial, en las sociedades contemporáneas. La propia Internet puede ser considerada en cierto modo un procomún y como tal ha permitido la organización autónoma de la sociedad. La única solución a esta maniobra de la Iglesia, igual que a otras de diferentes poderes, pasa por reintroducir el procomún en nuestras regulaciones y en los sistemas de gobernanza.

El dimisionario ofrece su “sacrificio” a España

El presidente saliente se despide con un discurso lleno de referencias a un “sistema brutal"

Nube de palabras representativa del discurso de dimisión de Francisco Camps / wordle.net
Francisco Camps ha dimitido como presidente de la Generalitat valenciana con un discurso de apenas quince minutos, al término del cual ha evitado responder a las preguntas de los periodistas. En su comparecencia solo ha hablado él. La siguiente nube de palabras representa gráficamente su discurso. En ella se muestran las palabras más utilizadas por el presidente saliente.
Camps ha pronunciado en nueve ocasiones la palabra “España”. También a ella ofrece, según ha dicho, su “sacrificio”, como ha calificado en cuatro ocasiones a su renuncia. La “Comunidad Valenciana” ha sido citada en ocho ocasiones, las mismas que “proyecto”, truncado para Camps por el “sistema”, al que se ha referido siete veces y al que en cinco momentos de su discurso ha calificado como “brutal”.
Camps se ha referido cinco veces a su “orgullo”, a su “decisión” y a “honorable” (Molt Honorable Senyor es el tratamiento que recibe el presidente de la Generalitat valenciana), y en tres ocasiones ha apelado a su “dignidad”.
El lado más positivo de su mensaje lo ha reforzado con la palabra “ilusión”, pronunciada 6 veces y representativa, a su juicio, del proyecto popular que le llevó al poder. La misma ilusión, dice Camps, que tiene de cara al “futuro” (tres citas). Casi tanta ilusión como “esperanza” (dos citas). También dos veces ha citado Camps a quien cree que representa ahora esa esperanza: Mariano Rajoy.

Camps presenta su dimisión como presidente de la Generalitat valenciana

La trayectoria política del hasta ahora presidente de la Generalitat cambió el día en que Eduardo Zaplana le nombró su delfín. Logró hacerse con las riendas del partido, desbancar a su 'padrino' y revalidar en varias ocasiones una mayoría absoluta pese a los escándalos de corrupción que le han salpicado a él y a su entorno. 'Cuatro trajes' han acabado con la carrera de un político que apuntaba alto.

En una rueda de prensa celebrada en el Palau de la Generalitat valenciana, el hasta ahora presidente ha asegurado que tanto él como los otros tres implicados en la trama de los trajes del caso Gürtel "son inocentes".

LA LEY ORGANICA DE LIVERTAD RELIGIOSA

La sociedad española ha cambiado muchísimo en 30 años. Y sin embargo, mantenemos como norma grabada en piedra sagrada la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que sigue inalterable, pese a la gran transformación de la sociedad.

Que más del 36% de los menores de 30 años se consideren no creyentes o ateos, que el 75% del conjunto de la sociedad considere que la Iglesia católica detenta un exceso de poder o que el mapa de los centros de culto se extienda mucho más allá de las tres principales religiones monoteístas son tres ejemplos que ponen en cuestión un marco legislativo concebido entre 1978 y 1980, del que no se ha tocado ni una coma. En la cuestión religiosa, la Transición ni ha empezado.

Seis días después de que entrara en vigor la Constitución, el Gobierno sancionó unos Acuerdos con el Vaticano que dejaban en evidencia la misma norma suprema: se establecía una inaceptable asimetría entre la jerarquía católica y el resto de ciudadanos. Aún hoy, aquellos acuerdos representan privilegios económicos, fiscales y educativos. En un momento crítico para la economía, la falta de transparencia en relación a la financiación de la Iglesia católica, es una asignatura pendiente para garantizar la igualdad.

Ya no puede aplazarse más el objetivo que persiguieron los constituyentes de hacer de España un Estado aconfesional. Y cuando se logre, tendremos que aspirar a una nueva legislación que garantice los derechos de cualquier opción filosófica, sea o no religiosa. Sólo así estaremos más cerca de una sociedad laica, que respete cualquier opción, creencia o fe y garantice la neutralidad del Estado frente a todas ellas.

EL EGOISMO DE LA PATRONAL DE ESPAÑA

La CEOE presentó el martes no sé muy bien qué, algo así como lo que se necesita para devolvernos a un estadio pre político, a la edad media, al feudalismo. En contra de lo que afirman los partidos (¡qué van a decir ellos!) nos encontramos no sólo en medio de una marea neoliberal a la que no sabemos cómo oponernos, sino en medio de una avalancha antidemocrática, como afirman los indignados. No olvidemos que ninguno de los recortes en derechos laborales y sociales que se están haciendo ha sido votado por nadie ya que nada de esto ha ido en ningún programa electoral. No olvidemos tampoco ni por un momento que la ciudadanía no ha elegido ni a estos señores de la Comisión Europea, ni a los del FMI, ni a nadie de los que están al frente de ninguna institución económica. Ninguno de estos organismos ha presentado un programa para que fuera validado o legitimado por la ciudadanía. Así que sí, tenemos y expresamos dudas legítimas acerca de lo democrático de todo este proceso.
Para que esto acabe bien (para ellos) no sólo tienen la necesidad de acabar con cualquier resto del estado del bienestar, sino que esa maniobra tiene que apoyarse en una ideología que legitime y contribuya a mantener la nueva situación. Llevan años en ello, destrozando la cohesión social, convirtiéndonos en consumidores, fomentando el individualismo sobre cualquier valor colectivo… pero ahora hay que ir más allá. En EE.UU el Tea party lo tiene claro: todo lo hace dios, la desigualdad es creación de dios y no hay sino que conformarse, agachar la cabeza y rezar, como en la Edad Media. Aquí la CEOE nos presenta una versión sofisticada del asunto: son los genes. Los pobres son pobres por los genes, que les impiden salir de esa situación. Por eso han presentado un proyecto para una contrarreforma educativa en la que se elimine cualquier rastro de la lucha por la igualdad de oportunidades. Total, no sirve para nada, son los genes. Los ricos tienen buenos genes y por eso estudian más, sacan mejores notas y luego son buenos empresarios. No hay que gastar en los pobres: es dinero tirado. Esta explicación de un clasismo intolerable, es la mayor amenaza a la igualdad que nadie, que no fuera un nazi enloquecido, haya expresado en público.
Las mujeres van aparte, aunque también tenemos lo nuestro, con nuestros genes. Según los empresarios, la mayor presencia femenina entre los docentes “no ha sido bien recibida por todo el mundo” (no sabíamos que nadie hubiera protestado hasta ahora). La razón de que esta mayor presencia femenina no guste es que al asumir las mujeres las labores profesionales y las tareas del hogar, el colectivo de docentes ha primado las reducciones de jornada y la introducción de la jornada continúa por encima del salario. Nosotras tenemos la culpa de todo, especialmente de los bajos sueldos de los docentes. ¿Si nos vamos a casa subirán los sueldos masculinos? ¿Es eso lo que están diciendo los empresarios? ¿Están diciendo que no somos iguales, que no tenemos el mismo derecho que los hombres a ser igual de independientes y con los mismos sueldos? Están diciendo exactamente eso, sí.
Y ya puestos, cómo no hablar de la sanidad y de la necesidad empresarial de acabar con su carácter universal y gratuito, cómo iban los empresarios a dejar pasar esa oportunidad. Un tal Ángel de la Fuente, al parecer un experto en estas cuestiones recomendó el copago, subrayo la ineficiencia de esta sanidad (una de las más eficientes del mundo antes de que llegaran ellos) y, por último recitó el mantra económico y empresarial por excelencia y que se ha convertido en el top une de su argumentación (?): “No hay alternativa”. Ante tamaña desvergüenza, amenaza directa a nuestras vidas, estupidez, clasismo y machismo, soy partidaria de responder muy claramente. Claro que hay alternativa: que alguien os haga pagar lo que os corresponde de manera que con altos impuestos y muy progresivos, los que tienen dinero contribuyan a mantener el estado del bienestar que quiere la mayoría. Si los políticos no son capaces de organizarlo la ciudadanía tenemos que salir a la calle, presionar, protestar, rebelarnos, hasta conseguir los cambios necesarios para que la soberanía vuelva a estar en manos de la mayoría. Porque en este proceso de apropiación intolerable se están apropiando incluso de la democracia.

Un estudio denuncia la opacidad de las cuentas de la Iglesia

El 'Anuario de la Laicidad' revela los privilegios del clero
Miles de millones en donaciones, subvenciones, impuestos, cesión de terrenos y otros privilegios, sin explicaciones y en mitad de una absoluta opacidad. Así son las cuentas de la Iglesia católica en España, según recoge el Anuario de la Laicidad en España 2011, de la Fundación Ferrer i Guardia, que hoy se presenta en el Ateneo de Madrid.
"Es preciso denunciar la falta de transparencia de las instituciones públicas sobre las cifras", apunta el estudio, que denuncia cómo no existe ningún documento que acredite, a nivel global, la suma total que se embolsa la Iglesia de las arcas públicas, y ni siquiera en ámbitos como la educación; el gasto en hospitales; el sueldo de curas castrenses o las ayudas a su patrimonio histórico-artístico. Nadie sabe, a ciencia cierta, cuánto dinero recibe la Iglesia del Estado, bajo qué conceptos, y mucho menos en qué lo gasta.
Pese a ello, y tras más de 18 meses de trabajo, el estudio sostiene que, al menos, el conjunto de la financiación directa del Estado a la Iglesia católica asciende a más de 7.000 millones de euros, "a lo que habría que sumar las exenciones de impuestos de los que gozan ella y sus donantes". Así como la financiación de otros "grandes eventos", como la Jornada Mundial de la Juventud de agosto con una aportación pública de más de 50 millones de euros, o las recientes visitas del papa a Barcelona y Santiago. Estas cifras no están muy alejadas de las planteadas por Europa Laica, que cifraba en más de 10.000 millones de euros la financiación estatal a la Iglesia, y en las antípodas de lo expresado por la Conferencia Episcopal, cuyos responsables aseguran que la Iglesia "ahorra miles de millones al Estado" con su labor social y asistencial.
Separación Iglesia-Estado
Por otro lado, según los responsables del estudio, en el que han colaborado expertos de primera talla, algunos católicos practicantes, como el sociólogo Javier Elzo o el teólogo Evaristo Villar, "la separación efectiva entre el Estado y la Iglesia católica" sigue siendo, 30 años después de la llegada de la democracia, "una de las asignaturas pendientes de la Transición española". "Cuando hablamos de laicidad señala el informe hay que tener muy presente que, entre otras cosas, estamos cuestionando privilegios y prebendas que la Iglesia católica ha conseguido mantener desde el régimen franquista". "Se trata prosigue de intereses políticos y económicos tan poderosos que dificultan enormemente poder hablar de ello desde una posición reflexiva y a menudo unas posiciones radicalizan las demás y el entendimiento se hace prácticamente imposible".
Y eso que tres de cada cuatro españoles, según el estudio, creen que la Iglesia católica tiene demasiada influencia en las decisiones políticas, sociales y de igualdad que se toman en España, y achacan este omnímodo poder a una "legislación obsoleta" que tiene en la Constitución y en los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 (pero negociados antes del texto constitucional) los anclajes de los ingentes privilegios con los que cuenta la institución eclesiástica.
Y eso por no hablar de su influencia: "Hoy la Iglesia mantiene intacta gran parte de su influencia política, económica y mediática en la sociedad española y la utiliza a través de su Conferencia Episcopal tanto como puede para intentar determinar la moral pública y la legislación del país", constata el Anuario.
Crispación y radicalización
Según sus autores, esta influencia lleva a la "crispación y radicalización de sectores ultraconservadores y nacional-católicos integristas" ante leyes como la ampliación del aborto, la Memoria Histórica, el matrimonio homosexual o la reforma educativa, llegando incluso a pedir la excomunión de los políticos que votaran a favor, lo que denota un "clericalismo excesivo" que el Estado laico tendría que acotar de alguna manera.
También se critica con virulencia "la asistencia de las autoridades civiles a los actos religiosos", que, según el documento, "es totalmente contraria al principio de neutralidad del Estado".
Moral y vida pública
El informe destaca que el activismo laico en España se presenta como "una oportunidad de gran alianza para la emancipación" del todavía persistente nacionalcatolicismo. Así, indica que las organizaciones de defensa de derechos sociales "no conseguirán sus objetivos si las religiones mantienen su capacidad de imponer su moral privada como ética pública". La Fundación Ferrer i Guàrdia insta a un "trabajo compartido" entre las ONG para "fraguar alianzas" en pos del Estado laico.